Como es bien sabido, el Tribunal Supremo denegó el derecho de objeción -no sin claras contradicciones- ante las asignaturas de EpC. Pero advirtió sin paliativos que las asignaturas no deben ser, en ningún caso, vehículo para establecer como ciertas cuestiones morales controvertidas: “no autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”
En definitiva, el Tribunal Supremo, queriendo contentar a ambas partes litigantes, niega el derecho a la objeción de conciencia -que tiene carácter preventivo- pero establece la posibilidad de denuncia, por parte de los padres, de aquellos contenidos, actividades o actuaciones que vulneren la neutralidad ideológica del Estado y tomen partido sobre cuestiones morales controvertidas.
Total, que, indirecta pero claramente, el Supremo viene a reconocer las posibilidades adoctrinadoras de la EpC pero, en vez de cortarlas de raiz, facultan a los padres para denunciar los posibles abusos. Permiten y respaldan una ley injusta, capaz de vulnerar los derechos de padres e hijos y les remiten a la denuncia en caso de que el profesor, el manual o el centro se propasen.
El Estado introduce así un violador en tu familia pero te faculta para denunciarle si se propasa. Es un triste consuelo. Pero es la consecuencia del recorte de libertades que venimos sufriendo. En otros regímenes ni siquiera podrías protestar: casi debiéramos estar agradecidos. Porque cuando nuestros hijos de diez años lleguen a casa con el trauma de que en el el colegio les han llevado a ver una obra de teatro plagada de desnudos y situaciones homosexuales, podremos denunciarlo con mayor o menor fortuna.
En definitiva, el Tribunal Supremo, queriendo contentar a ambas partes litigantes, niega el derecho a la objeción de conciencia -que tiene carácter preventivo- pero establece la posibilidad de denuncia, por parte de los padres, de aquellos contenidos, actividades o actuaciones que vulneren la neutralidad ideológica del Estado y tomen partido sobre cuestiones morales controvertidas.
Total, que, indirecta pero claramente, el Supremo viene a reconocer las posibilidades adoctrinadoras de la EpC pero, en vez de cortarlas de raiz, facultan a los padres para denunciar los posibles abusos. Permiten y respaldan una ley injusta, capaz de vulnerar los derechos de padres e hijos y les remiten a la denuncia en caso de que el profesor, el manual o el centro se propasen.
El Estado introduce así un violador en tu familia pero te faculta para denunciarle si se propasa. Es un triste consuelo. Pero es la consecuencia del recorte de libertades que venimos sufriendo. En otros regímenes ni siquiera podrías protestar: casi debiéramos estar agradecidos. Porque cuando nuestros hijos de diez años lleguen a casa con el trauma de que en el el colegio les han llevado a ver una obra de teatro plagada de desnudos y situaciones homosexuales, podremos denunciarlo con mayor o menor fortuna.
El problema no son tanto las sentencias del Tribunal Supremo -que ya se han recurrido ante el Constitucional, como es lógico- como el ataque de legalidad que han sufrido algunos padres y defensores institucionales de la rebeldía ante la injusta Educación para la Ciudadanía y todavía no acierto a explicarme.Iniciado el movimiento objetor, todos los que nos oponíamos a la implantación de estas asignaturas éramos conscientes de que estábamos oponiéndonos al cumplimiento de una ley legalmente promulgada por el parlamento. Cuestión distinta es que la consideráramos injusta y una vulneración de la actuación que nos dictaba la conciencia. En este sentido, siempre hemos considerado que ejercitar la objeción de conciencia ante motivos fundados era una prerrogativa contemplada por un ordenamiento jurídico democrático. Pero han bastado las sentencias iniciales del Supremo para que algunos, hasta el momento objetores, hayan sufrido un ataque de legalidad que les ha movido a acatar de cabo a rabo las sentencias que niegan el derecho a la objeción precipitándose por abandonar todo posicionamiento objetor para centrarse en las denuncias de los abusos adoctrinadores que pudieran producirse en los centros escolares.
Todos a clase y ya denunciaremos -a posteriori, evidentemente- los abusos cometidos. Aceptamos al violador en clase pero, eso si, tenmos pronto el impreso de denuncia.
Para algunos -por fortuna, una minoría- ya no se trata de atajar la injusticia en su raiz. Se trata de minimizar sus efectos. Mientras ideamos estrategias para escurrir el bulto y que nos afecten lo menos posible, aún a costa de cambalaches legales y adaptaciones condescendientes, dejamos explícito el camino para una retahila de leyes invasoras de la libertad y los derechos individuales y sociales que, ante la aquiescencia de quienes trabajan con la vista puesta en “el mal menor” amenazan con sofocar una sociedad de la que se está adueñando con rapidez el Estado.
Ojalá vuelva la cordura. La sensibilidad ante la injusticia y los arrestos para enfrentarse con un poder de pretensiones ilimitadas. Es incómodo ser un discrepante en una sociedad de lo políticamente correcto, pero son cada vez menos las oportunidades para poner freno a esta invasión del Estado que, so capa de pragmatismo, estamos poniéndole en bandeja.
En Asturias nos han dividido, aunque el germen ya estaba ahí, había por parte de algunos un cálculo de posibilidades previo a la sentencia, jugando con los tiempos y los suspensos, de modo que era de esperar. Pero esto no es cuestión de números. Una rosa es una rosa, y lo que está haciendo el PSOE-Estado es pretender arrancarnos a nuestros hijos de las manos para corromperlos. Y ante eso, hay que estar dispuesto a llegar a donde haga falta, seamos muchos o estemos solos.
